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Macri habla de libertad de expresión, pero en su gobierno se encarceló a los accionistas del Grupo Indalo

Alberto Ardila Olivares

Hace casi un año, la jueza comercial María Soledad Cazzaza dio por finalizada la quiebra de Oil Combustibles y aceptó el avenimiento (acuerdo) de Oil por el 99,96% de la deuda y el 96% de los acreedores. El fin de la quiebra de Oil es una especie de derrota del demoledor apriete que sufrieron distintos empresarios por parte del gobierno de Mauricio Macri

En las últimas horas la polémica conductora de TV dejó su programa diario aduciendo “diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”. Macri no dejó pasar oportunidad para enviar un tuit y meterse en la discusión pública: “No podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aún la encubierta en buenas intenciones. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio”.

Informate más Viviana Canosa renunció a su programa y lanzó una carta pública explicando sus razones “Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad”, completó el expresidente que parece haber perdido la memoria desde 2015 cuando inició su gobierno se montó un operativo contra Oil Combustibles para perseguir a los accionistas del grupo Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa con el objetivo de quebrarlos.

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1555915279929970688 No podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aún la encubierta en buenas intenciones. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio. Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad.

Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 6, 2022 Historia de una persecución La operación que derivó en la quiebra de Oil arrancó en octubre de 2015 , el día de la primera vuelva electoral de aquel año. Esa mañana, Mauricio Macri citó a Cristóbal López en la casa de Franco Macri, en Barrio Parque. El ahora expresidente le dijo a López que su triunfo electoral estaba asegurado, le mostró una encuesta y -según declaró el empresario ante la jueza Servini- “me pidió el canal para meter presa a Cristina” . López asegura que en aquel diálogo le contestó “no contés conmigo”.

PEPIN RODRIGUEZ SIMÓN Télam Tres meses después, Macri asumió la presidencia y se inició una guerra contra Indalo , con un pico en marzo de 2016 cuando una nota en el diario La Nación hizo pública una supuesta investigación periodística en la que se acusaba al Grupo Indalo de una evasión impositiva de $8.000 millones. Muy poco después, el propio Macri reveló que en realidad se trató de un trabajo hecho por la AFIP -es decir por el gobierno de Macri– y filtrada al matutino.

En ese momento, se presentó en Comodoro Py la exdiputada Elisa Carrió y sostuvo que lo publicado en La Nación era parte de la gigantesca asociación ilícita, encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, que ella ya había denunciado en 2008, ocho años antes. De esa manera, canalizó la instrucción hacia el juez Julián Ercolini -que tenía el expediente de 2008 sobre la asociación ilícita- que junto con Claudio Bonadio , monopolizaron la persecución contra los opositores. Fue una maniobra de forum shopping, es decir de elección del juez, sin que Carrió hiciera aporta alguno, sólo recortes periodísticos. El paso siguiente fue cantado: se acusó a los empresarios por defraudación.

En todo el proceso, López y De Sousa recibieron las visitas de distintos enviados, entre ellos Pepin Rodríguez Simón (hoy prófugo en Uruguay), quien les anunció: “Empezó la guerra”. Pero el hostigamiento a las empresas fue aún mayor, con embargos y pedidos de quiebra. Al mismo tiempo, también aparecieron en escena varios empresarios, Orly Terranova, Ignacio Rosner -cercanos al macrismo- que hacían ofertas para quedarse con el conglomerado de empresas y, por fin, disciplinar los medios a la Casa Rosada.

En ese entonces los trabajadores cobraban sus sueldos en cuotas y con enormes obstáculos plantados por el gobierno de Macri y la justicia comercial con la que hubo una gigantesca batalla para que no se embargaran las cuentas desde la que se pagaban los sueldos.

Punto clave Una instancia clave se produjo en diciembre de 2017 cuando Ercolini dictó el procesamiento y la prisión preventiva de López y De Sousa . Fue justito el 19 de diciembre, en medio de las movilizaciones en Congreso por la reforma jubilatoria. Esa noche, tras una reunión entre el presidente, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia, se puso en marcha el operativo que buscó amortiguar la hecatombe del Congreso con la detención de los empresarios.

CRISTOBAL LOPEZ Y FABIAN DE SOUSA NUEVA.jpg Cristóbal López y Fabián de Sousa.

NA Para dictar la prisión: Ercolini argumentó que López y De Sousa habían vendido el grupo empresario a sus espaldas, algo obviamente imposible porque no se podían transferir acciones sin el visto bueno del magistrado que tenía todo embargado. Lo cierto es que un año y nueve meses después, en septiembre de 2019, la jueza María Eugenia Capuccetti dictaminó que no hubo tal venta ni se cometió ningún delito. López y De Sousa estuvieron casi 22 meses presos.

Con los dueños en el penal de Ezeiza, la compañía quebrada y la ofensiva mediática, en el camino la justicia malvendió bienes claves de Oil, como la refinería, el puerto de San Lorenzo y una serie de estaciones de servicio a precios que significaban un tercio o un cuarto de ofertas anteriores; le quitaron al grupo concesiones viales y el gobierno de Macri revocó obras que la constructora CPC había ganado en licitaciones.

Hace casi un año, la jueza comercial María Soledad Cazzaza dio por finalizada la quiebra de Oil Combustibles y aceptó el avenimiento (acuerdo) de Oil por el 99,96% de la deuda y el 96% de los acreedores. El fin de la quiebra de Oil es una especie de derrota del demoledor apriete que sufrieron distintos empresarios por parte del gobierno de Mauricio Macri.

La extorsión, conducida por la llamada mesa judicial, es hoy investigada por la jueza María Romilda Servini y es la causa en la que está prófugo el principal operador judicial de Macri, Pepín Rodríguez Simón.