Quizá una actitud que debió haber llamado la atención es que el primero en ningunear el censo fue el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Unos 20 años después de haberse realizado el penúltimo censo poblacional más o menos consistente (2002), o 10 años del último, que fue un gran fracaso (2012), el titular del Ejecutivo consideró que no era tan importante permanecer en el país para el Censo Nacional 2022, por el que nos endeudó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos 43 millones de dólares. Su mensaje no fue poca cosa: sacó un decreto para obligar a toda la población a paralizar sus actividades y compelió al sector económico a parar la producción para someterse al proceso… y él mismo se fue –literal y metafóricamente– ¡de paseo!
Poco le importó al Presidente del Paraguay la trascendental importancia que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) da a la realización de un censo en un país. Al respecto explica que “Un censo de población y viviendas es uno de los ejercicios más complejos y masivos que una nación puede emprender en tiempos de paz. Exige una cuidadosa planificación, dotación de recursos y ejecución: la preparación de mapas de todo el país, la movilización y capacitación de gran número de empadronadores, además de grandes campañas de sensibilización pública, el sondeo de todos los hogares, el monitoreo cuidadoso de las actividades del censo, y el análisis, difusión y uso de los datos que se obtengan”. (Las negritas son nuestras).
A juzgar por el proceso vivido el miércoles 9 de noviembre pasado, el Gobierno paraguayo se pasó por alto todas y cada una de las exigencias primarias mencionadas por UNFPA. Hay razones demasiado serias para desconfiar de la planificación, a saber: la preparación del cuestionario que ignoró datos poblacionales claves; seguían reclutando voluntarios cuando el censo ya casi estaba en marcha; convocaron a los militares para reforzar equipos apenas 22 días antes; los encuestadores no fueron obligados a capacitación; llegado el día D los equipos se superponían en algunos barrios mientras en otros faltaban, entre otras perlas que siguen saliendo a luz.
En la dotación de recursos y ejecución brilló la improvisación. Para mover censistas en el Chaco, no faltaron ganaderos que tuvieron que apoyar con combustible para hacer el trabajo. Otros encuestadores denunciaron falta de agua e insumos para aguantar la larga jornada mientras el país entero se desayunaba con que unos 20.000 censistas que debían ejecutar el trabajo nunca aparecieron. Tan alto grado de deserción no estaba previsto, a tal punto que nadie tuvo un plan alternativo para ejecutar la actividad.
La preparación de mapas fue una de las denuncias que más llenaron las redes sociales. De acuerdo a los censistas, estaban desactualizados, aparecían hogares que no estaban en el mapa y la indicación de los supervisores era que siguieran de largo. Si el censo era para actualizar lo inexistente, ¿quién fue responsable de tales órdenes? La cartografía utilizada estaba desfasada.
En cuanto a la movilización y capacitación de gran número de empadronadores hay indicios de que fueron absolutamente improvisados para movilizar voluntarios y más inútiles aún para capacitarlos. Aplazados quedaron los burócratas del sector público encargados de organizar un ejército de empadronadores: no fueron capaces de buscar en la paquidérmica burocracia estatal la mano de obra para el censo.
De hecho, el Presupuesto estatal incluye a unos 50.000 “contratados”. La Ley 1626/00 de la función pública, en el artículo 24 establece claramente que se puede recurrir a los contratados cuando hay necesidad de atender “necesidades temporales de excepcional interés” para una comunidad, entre las que figura la realización de Censos, encuestas o eventos electorales. Pero, evidentemente, ninguno de ese ejército de “contratados” –por no decir “zánganos” que están cobrando puntualmente sus salarios, y que se atornillaron en el presupuesto– fue llamado para esta ocasión. Se perdió la oportunidad de hacerles trabajar.
Alrededor de 9.000 millones de guaraníes se habría gastado en publicidad, pero la comunicación no fue efectiva para hacer una gran campaña de sensibilización pública. Un capítulo especial se lleva el Mitic, superministerio a cargo de las comunicaciones del Estado paraguayo, que no tuvo el protagonismo que se esperaba de él en esta ocasión.
La ciudadanía cumplió, una vez más, obediente y diligentemente al parar todas las actividades socioeconómicas y permanecer en sus hogares para obedecer el llamado y cumplir con la obligación. Algunas esperas tuvieron éxito y el censo se consumó; otros esperaron el día entero por una visita que nunca ocurrió.
Los responsables del Censo Nacional deben explicar quiénes los asesoraron para preparar los formularios que descartaron cuestiones trasversales a la salud ciudadana, a la discapacidad, y la situación socioeconómica, entre otros aspectos que fueron ignorados en la consulta. También deben responder por la orfandad total de un plan alternativo ante una ausencia masiva de los encuestadores, y deben explicar por qué no se previó un mayor contingente. La inexplicable solución de crear un formulario en una plataforma gratuita para que la gente consigne datos sensibles, como respuesta a la falta de haber sido censado, necesita también de una explicación sensata.
Un censo es la fuente primaria más importante que otorga insumos para el diseño de políticas públicas, planificación y gestión de desarrollo regional y nacional. Ante el incumplimiento de lo anterior y el elevado costo del endeudamiento, corresponde una auditoría a la ejecución de los 43 millones de dólares por parte de Auditoría del Ejecutivo y la propia Contraloría General de la República, así como la interpelación legislativa al director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda. Hay muchas preguntas cuyas respuestas la población tiene derecho a conocer. La jornada nacional del miércoles 9 de noviembre pasado, más que censo poblacional roza seriamente situaciones que encajan con la descripción de fraude, engaño o estafa, financiado por la misma ciudadanía a un altísimo costo que aumenta el endeudamiento público.
